Categoría: Política

Dos Españas en un campo minado

Carlos Martinez Jaen en 6 May, 2020

El Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, explica en su libro “Pensar rápido, pensar despacio”, que nuestro mecanismo de toma de decisiones se divide entre el Sistema 1 (pensamiento rápido) y el Sistema 2 (pensamiento lento). Cuando hacemos uso del Sistema 1 tomamos decisiones de forma intuitiva y emocional, de manera que es un sistema más “barato”, más rápido y que no nos supone esfuerzo; mientras que con el Sistema 2 empleamos la deliberación, la lógica, y eso nos lleva más tiempo, es más “caro”. Según Kahneman, aunque la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestro día a día se basan en las intuiciones (Sistema 1 emocional) por suponer menor coste de tiempo y energía, hay momentos en que debemos hacer uso del Sistema 2 (deliberativo), ya que el primero puede no ser fiable para tomar la decisión que más nos convenga.

Por ello, puede afirmarse que nuestra forma de percibir la realidad y de tomar decisiones no está bajo nuestro control tanto como pensábamos. Nuestra racionalidad está muy condicionada por los llamados sesgos cognitivos, que nos influyen mucho más de lo que creemos. Así, nos dejamos llevar por el “efecto cascada” cuando tenemos que tomar decisiones en grupo, aplicamos una heurística afectiva para dar más peso a los datos que nos reafirman en nuestra decisión frente a la información que nos contradice, nuestros recuerdos están influidos por la emoción que sentíamos en el momento en que los hechos tuvieron lugar, etc. Además, el hecho de que seamos seres que tendemos a vivir o relacionarnos en grupos –en tribus- bien cohesionados (llámense derecha e izquierda, creyentes, ateos, feministas, negacionistas del clima, etc.) para el logro de nuestros objetivos o la satisfacción de nuestras inquietudes, nos lleva a defender a nuestro grupo cuando sufre el ataque de otros, aun cuando ese ataque esté justificado. Es decir, los sentimientos (Sistema 1) anteceden a las razones (Sistema 2) y, por lo mismo, la pertenencia a un grupo nos conduce a disculpar su conducta sin analizar con suficiente objetividad si realmente obró de manera adecuada.

En la actualidad, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus -unida al clima de crispación que ya estaba instalado previamente entre nosotros- está amplificando, a mi juicio, nuestra exposición a las emociones, impidiéndonos sortear los sesgos cognitivos y juzgar de manera objetiva las decisiones que toman Gobierno y oposición. La reacción exagerada de los simpatizantes de uno y otro lado con respecto a los bulos, la desinformación, el insulto, la crítica, la deslealtad de unos con otros, etc. deja un panorama desolador para el futuro postpandemia, cuando sería necesario que los partidos se sentaran a pactar con altura de miras y sin cálculos electoralistas.

Por ejemplo, desde el inicio de la crisis se han difundido numerosos bulos poniendo en entredicho la labor del Gobierno, ya sea haciendo una interpretación torticera de las normas aprobadas, ya sea inventando noticias falsas. Así, han circulado bulos -en algunos casos, compartidos por dirigentes del PP y de Vox- que lo acusaban de aprobar normas para habilitar la «expropiación» de viviendas vacías sin compensar a los propietarios –lo cual nos ponía ya en la puerta de entrada al chavismo-, que había permitido a la comunidad musulmana celebraciones multitudinarias en la calle durante el confinamiento, mientras perseguía a los católicos por asistir a misa, o que había dado instrucciones a Whattsapp para impedir que se pudieran compartir mensajes críticos contra él.

Por su parte, mientras que desde el ejecutivo se critica esta proliferación de bulos o fake news, el propio Gobierno o los partidos que lo forman inventan otros para defender su actuación –España es uno de los diez países que más tests realiza; España fue el país que actuó más rápido contra el coronavirus, etc.- o desempolvan viejos bulos contra la oposición para culparla de la magnitud de la crisis (el Partido Popular privatizó la sanidad en la Comunidad de Madrid) y deshumanizar a sus dirigentes (las frases falsamente atribuidas a Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre sobre lo bien que han vivido los pensionistas y lo que se ahorraría el sistema si murieran).

<<Al cambio de actitud deberían ayudar los medios de comunicación, que en España están fuertemente ideologizados y se dirigen a una audiencia muy politizada>>

A todo este intercambio de bulos los simpatizantes de uno y otro lado reaccionan habitualmente de la misma forma: (i) creen que “los suyos” no difunden bulos, sino que esto es algo que solo hacen “los otros, los de siempre”; (ii) piensan que «su partido” no actúa de mala fe al difundir cierta información, que a ellos les resulta creíble, aunque luego se revele como falsa; o (iii) aunque la práctica de difundir bulos les parezca reprobable, son más comprensivos o tolerantes cuando proceden del partido al que apoyan («hacen mal, pero los otros hacen algo peor», «y tú más», etc.).

En estos casos las personas se dejan llevar por sus emociones, son cautivas de sesgos cognitivos –como el sesgo de confirmación- o de pertenencia al grupo, lo que les impide valorar con objetividad los comportamientos de unos y de otros y concluir, siguiendo con el ejemplo de los bulos, que desde ambos lados se ha actuado de una forma que debe ser rechazada con la misma contundencia.

Esto mismo sucede con aquellos a quienes les parece imposible que se pueda criticar a la vez a Gobierno y a oposición o reconocer que ambos puedan hacer cosas bien. Por ejemplo, con quienes, con toda la razón, claman contra el Gobierno por la falta de previsión ante la llegada de la epidemia del coronavirus a España, pero nada dicen de la deficiente gestión realizada en las residencias de ancianos en comunidades gobernadas por el PP –en solitario o en coalición con Ciudadanos-, como Madrid, Andalucía o Galicia, y que ha tenido como resultado un elevadísimo número de muertes.

Asimismo, no resulta descabellado que a la vez que se critica al ejecutivo por algunas de las medidas aprobadas durante estos meses de crisis o por su forma de hacerlo -sin sentarse con la oposición, de manera improvisada, con descoordinación entre ministerios, etc.- pueda también criticarse al PP por no haber presentado alternativa alguna y limitarse a hacer una oposición sin argumentos, una oposición del «no es no» tan vacía de contenido como la que hizo en su día el propio Sánchez. Sin embargo, no parece que sus votantes estén dispuestos a dejar de defenderlos a toda costa.

De hecho, muchas voces dentro del PSOE y de Podemos creen que no es momento de reprobar la gestión que está haciendo el Gobierno y que la oposición debe comportarse «con lealtad», sin consentir que se puedan estar equivocando o que puedan existir otras medidas mejores a las que están aprobando para atajar esta dura crisis. Quienes esto defienden olvidan, sin embargo, la dura oposición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a Mariano Rajoy cuando en 2014 tuvo que hacer frente a la “crisis del ébola”, que se saldó únicamente con el fallecimiento de dos misioneros españoles que habían sido repatriados desde Liberia y Sierra Leona tras contagiarse del virus, el contagio en territorio nacional de la enfermera Teresa Romero y el sacrificio de su perro “Excálibur”.

Los desencuentros entre Gobierno y PP en relación con la crisis del coronavirus han provocado que la discusión vaya subiendo de tono en las redes sociales y que empiecen a proliferar los insultos entre sus simpatizantes. He leído como se llama perros y buitres carroñeros a los dirigentes del PP y canallas y miserables a los miembros del Gobierno. Por supuesto, la reacción de sus partidarios ha sido la esperable: ofenderse con los insultos que lanzan a «los suyos», pero defender a quienes insultan a «los otros».

Como vemos, hay muchos ejemplos de este comportamiento sesgado. Podría hablarse también de cómo se disculpa a un partido por sus casos de corrupción mientras se lincha al contrario, o la distinta vara de medir que algunos utilizan para justificar o censurar escraches según si quienes los sufren son de un signo político o de otro.

<<Me temo que seguiremos juzgando con distinta vara de medir a “los nuestros” y a “los suyos”, pero si hay un momento para creer que estamos caminando sobre un campo minado, ese momento es este>>

Sería deseable que al pasar esta crisis pudiéramos ser más tolerantes con los políticos de ideología distinta a la nuestra y más exigentes con los errores que cometan aquellos a quienes apoyamos. Resulta más necesario que nunca que todos los partidos políticos se sienten a cerrar acuerdos sobre cuestiones cruciales en materia económica, social, educativa y laboral, pero esto será más fácil si hay un clima menos crispado en la calle, y eso pasa porque seamos capaces de juzgar las actitudes de los partidos con más objetividad y menos pasión.

A este fin deberían contribuir los medios de comunicación, que tendrían que reflexionar sobre su relación con los partidos políticos y con sus lectores o espectadores. Como resalta en esta charla Elena Herrero-Beaumont, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Compromiso y Transparencia, los medios en España están fuertemente ideologizados, tienen un pacto no escrito con una audiencia muy politizada, una audiencia “de trincheras”, y tampoco cuentan con procedimientos internos adecuados para confirmar la veracidad de los hechos que relatan o su debida imparcialidad a la hora de contarlos. Es habitual, de hecho, que en los medios se confundan noticias con opiniones y que sabiendo, como asumo que saben, que nos dejamos llevar fácilmente por las emociones del Sistema 1 ciertos titulares y reportajes se dirijan deliberadamente a provocar en nosotros juicios fáciles, sin que luego dediquemos tiempo a contrastar la veracidad de la información o a valorarla con suficiente espíritu crítico. Es necesario que los medios de comunicación renueven su compromiso con la imparcialidad y la objetividad de la información y dejen de lado el periodismo de trincheras.

Dice Kahneman que “la manera de bloquear los errores que origina el Sistema 1 es un principio sencillo: reconocer las señales de que estamos en un campo cognitivo minado, detenernos y pedir refuerzos al Sistema 2 […] La voz de la razón puede ser mucho más tenue que la voz alta y clara de una intuición errónea y cuestionar nuestras intuiciones es poco agradable en medio de la tensión que acompaña a una gran decisión […] La conclusión es que es mucho más fácil identificar un campo minado cuando vemos a otros caminando por él que cuando lo hacemos nosotros”. Pues bien, no tengo gran esperanza en que las cosas cambien y mucho me temo que seguiremos juzgando con distinta vara de medir a “los nuestros” y a “los suyos”, leyendo solo a quienes confirmen nuestras opiniones y dejando que nuestros prejuicios tengan más valor que los datos que los contradicen, pero si hay un momento para creer que estamos caminando sobre un campo minado, ese momento es este.

Ciencia Economía Política Sin categoría Tecnología

Cuando todo esto pase (I)

Carlos Martinez Jaen en 8 abril, 2020

La Gran Vía. Antonio López

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha trastocado totalmente nuestras vidas: nos ha obligado a vivir confinados en nuestros domicilios, a teletrabajar, a que los niños estudien desde casa, a paralizar la actividad económica y, lo peor de todo, a asistir impotentes al elevadísimo número de fallecidos que la enfermedad se lleva consigo.

Esta situación nos ha hecho conscientes de la fragilidad de nuestra vida cotidiana, de que la realidad que vivimos como “lo normal” puede cambiar de forma repentina afectando de forma radical a nuestro día a día familiar, social, laboral y económico. El impacto es aún mayor al tratarse de un virus que nos afecta de manera colectiva y que no distingue entre países, niveles de renta, credos o edades, aunque obviamente las consecuencias se dejarán notar de forma más notable en unos lugares que en otros y, tal y como por desgracia estamos viendo día tras día, afecta de manera más grave a las personas mayores de 65 años.

<<Tendremos que honrar a los fallecidos, personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares ni recibir un último beso. A día de hoy, el número de fallecidos en España ha superado las 14.000 personas>>

Cuando todo esto pase, los Estados y los ciudadanos tendremos que tomar decisiones importantes sobre el futuro. Sobre nuestro futuro como individuos, como sociedad y como nación, así como sobre nuestra relación con las demás naciones. Pero antes de nada, cuando todo esto pase, tendremos que honrar debidamente a quienes han muerto y a sus familias, así como al personal sanitario y a los trabajadores de servicios esenciales. Esa prueba de respeto debe reflejarse en el homenaje a los fallecidos, en recompensar a los trabajadores que han estado en primera línea y en el trabajo honesto y profesional que los partidos políticos y asesores científicos deben llevar a cabo para identificar los errores cometidos y poner los medios para evitar que otra epidemia provoque en el futuro daños similares o peores a los que estamos viviendo.

En primer lugar, cuando todo esto pase, tendremos que honrar a los fallecidos, personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares ni recibir un último beso, víctimas anónimas de un agente infeccioso que ha entrado en nuestras casas con una pasmosa facilidad y unas terribles consecuencias. La mayor parte de los fallecidos por coronavirus pertenecen a una generación que sufrió en su niñez una dura posguerra, que vivió una larga dictadura, que tuvo el coraje de mirar adelante sin rencor para traer una democracia en paz y que trabajó duro, muy duro, para convertir a España en un país próspero. Ahora están muriendo sin poder escuchar un «te quiero» o un «gracias» de sus seres queridos. A día de hoy, cuando escribo estas líneas, el número oficial de fallecidos en España ha superado ya las 14.000 personas -más de 81.000 en todo el mundo-, aunque se estima que el número real podría ser el doble. Cuando todo esto pase faltará mucha gente e intentar volver a la vida normal sin ellos, sin que sus familias les hayan podido decir adiós, será la parte más dura.

Habrán de decretarse días de luto nacional y deberemos guardar minutos de silencio en honor a las personas muertas. El país entero deberá volver a pararse por unos minutos y durante varios días en señal de recuerdo y de respeto. Al igual que los individuos necesitamos pasar nuestro duelo cuando perdemos a alguien cercano, es bueno que como sociedad seamos capaces de unirnos para compartir un mismo dolor común ante una tragedia como la que estamos viviendo.

Compartir el duelo nos ayudará a todos, incluso a las familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Para el resto, este duelo colectivo nos ayudará a comprender que tenemos los mismos sentimientos y emociones que la mayor parte de las personas, que sufrimos el mismo vértigo ante nuestra recién descubierta fragilidad, la misma inseguridad ante el hecho de que algo así de terrible pueda repetirse, los mismos temores ante la incertidumbre económica que se avecina. La unión en el duelo puede ayudarnos también a salir de esto con más esperanza y fuerza. En cualquier caso, nada ni nadie debe secuestrarnos el duelo colectivo que nos debemos, que les debemos. Es importante que esto lo entiendan nuestros políticos, pues ya hemos vivido otras tragedias anteriores donde los dirigentes de los partidos no supieron estar a la altura, poniendo su vocerío partidista por encima de la necesidad que teníamos como sociedad de sentirnos reconfortados en el silencio y en la experiencia del duelo colectivo.

<<Cuando todo esto pase, dejaremos de aplaudir cada día a las ocho de la tarde, pero tendremos que mantener vivo en nuestra memoria el enorme sacrificio que tantas personas están haciendo por nosotros>>

Cuando todo esto pase, los gobiernos central y autonómicos tendrán que encontrar la manera de compensar el esfuerzo y sufrimiento de los trabajadores de la sanidad que se están enfrentando a situaciones para las que nadie está preparado, con una concentración de enfermos graves y fallecimientos que supera las peores estimaciones y los lleva al límite de su resistencia física y psicológica.

Cada día se ven obligados a tomar decisiones de forma muy rápida sobre a qué pacientes priorizar en los tratamientos, a cuáles derivar a urgencias o a cuáles mantener un tiempo más en sus casas, con la duda constante de si estarán juzgando bien cada caso. Acompañan en sus últimos momentos a personas que están falleciendo solas y sin apenas tiempo de haber terminado de anotar la hora de la muerte deben ocuparse del cuidado de otros enfermos. Casi no se pueden permitir una pausa, poder cerrar los ojos en silencio y coger aire.

La mayoría de ellos encara este día a día sin la posibilidad de recibir consuelo de sus familiares al terminar la jornada, ni tener un tiempo de juego y relax con sus hijos que los distraiga de las terribles horas que están viviendo en su trabajo. Muchos sanitarios no regresan a sus casas para evitar contagiar a su familia, algunos duermen en los propios hospitales, otros se han buscado la vida como han podido. Quienes pueden regresar a su casa para dormir se la encuentran vacía, pues tienen a sus parejas e hijos pasando el confinamiento lejos de ellos.

Cuando todo esto pase, muchos se desmoronarán después de tantos días de tensión, tantas vidas perdidas y tanta soledad. Les va a hacer falta mucho apoyo psicológico y no me extrañaría que se multiplicasen las bajas por enfermedad entre ellos.

Además, la recuperación de la normalidad no será tal. Las operaciones y pruebas no urgentes han quedado suspendidas durante este período, así como las consultas en atención primaria. Al personal sanitario aún le quedan por delante muchos meses de duro trabajo. Es preciso asegurarles una compensación justa -no meros parches para quedar bien- ya sea vía retribución, ya sea por la vía de ampliar los días de permiso o de vacaciones para que puedan disfrutar de más tiempo con los familiares con los que ahora no pueden estar.

Asimismo, cuando todo esto pase, gobiernos y empresas tendrán que compensar el trabajo realizado por las personas que durante todo este tiempo han arriesgado su salud, y la de su familia, por prestarnos servicios esenciales a quienes estamos encerrados en casa: dependientes de supermercados y tiendas de alimentación, farmacéuticos, transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como los trabajadores de fábricas que se han adaptado en tiempo récord para producir contrarreloj equipos de protección, respiradores, etc.

Al igual que con el personal sanitario, deberán estudiarse fórmulas de retribución económica o de compensación por otros mecanismos. Algunas empresas ya han empezado a hacer estas propuestas a sus empleados.

Cuando todo esto pase, dejaremos de aplaudir cada día a las ocho de la tarde, pero tendremos que mantener vivo en nuestra memoria el enorme sacrificio que tantas personas están haciendo por nosotros, deberemos exigir que reciban la recompensa que merecen por ello y cada uno de nosotros mostrarles nuestro agradecimiento de la manera que mejor sepamos.

Cuando todo esto pase, habrá que actualizar los protocolos de actuación para epidemias. A pesar de que, a día de hoy, solo en España llevemos 14.000 fallecidos (o incluso el doble, según algunas estimaciones) tenemos que estar agradecidos de que la tasa de letalidad del virus no sea mayor. Nos ha pillado con la guardia baja y, por ello, habrá que aprender de esta situación para que la próxima epidemia nos coja mucho más preparados.

<<Los ciudadanos debemos poder tener confianza en nuestros dirigentes y esta crisis sanitaria está resquebrajándola más que ninguna otra. Su restablecimiento pasa por que actúen con sensibilidad y respeto, se reconozcan los errores, se nos hable con sinceridad y se adopten las medidas adecuadas para evitar a futuro que otra epidemia produzca efectos tan terribles como la presente>>

Es importante que los epidemiólogos trabajen con los profesionales sanitarios que desempeñan su labor en los hospitales, así como con las fuerzas de seguridad del Estado y con profesionales del sector tecnológico para, entre todos, hacer un diagnóstico claro de en qué se ha fallado y trabajar en nuevos procedimientos de actuación que tengan en cuenta peores escenarios que el actual.

Por su parte, los gobiernos central y autonómicos y todos los partidos políticos deberán hacer un análisis riguroso sobre los errores cometidos. Las víctimas de coronavirus merecen respeto y sus familiares, amigos, el personal sanitario, los trabajadores de sectores esenciales y los ciudadanos en general merecemos saber lo que ha pasado, por qué determinadas decisiones sobre el “distanciamiento social” o el confinamiento se tomaron tarde, cuando ya existían contagios locales en España, por qué se obviaron las alertas que la OMS lanzó en febrero, por qué no se hizo acopio de equipos de protección con la debida antelación, por qué se descuidó la situación en tantas residencias de mayores o por qué durante las semanas más duras costó tanto que los equipos de protección comprados por nuestras autoridades llegaran a España o que nos vendieran tests que no daban resultados fiables.

Los ciudadanos debemos poder tener confianza en nuestros dirigentes y esta crisis sanitaria está resquebrajándola más que ninguna otra. Su restablecimiento pasa por que actúen con sensibilidad y respeto, por que se reconozcan los errores, se nos hable a los ciudadanos con sinceridad y podamos esperar que se haga un trabajo conjunto con los profesionales para adaptar los protocolos existentes a fin de evitar que la llegada de otra epidemia produzca efectos tan terribles como la presente.

Conociendo los antecedentes de otras tragedias que hemos vivido no tengo muchas esperanzas, pero lo último que mereceríamos los ciudadanos es que al analizar esta crisis los políticos volvieran a las trincheras, al griterío exagerado y demagógico, al “y tú más” y a la confrontación como estrategia.

Cuando todo esto pase, también los ciudadanos deberíamos tener una idea más clara del tipo de sociedad en la que queremos vivir y de los valores que queremos honrar. Igualmente, los políticos tendrán que bajar el nivel de crispación y sentarse a acordar pactos de Estado en materias clave, con un horizonte de medio y largo plazo. De esas cuestiones hablaré en próximas entradas. Hoy quería centrarme, sobre todo, en el respeto debido a quienes han muerto y sus familias, al personal sanitario y a los trabajadores de servicios esenciales. A todos ellos va dedicada esta entrada.

Ciencia Política

Periodistas contra Galileo

Carlos Martinez Jaen en 10 diciembre, 2018

Retomo este blog abandonado desde hace tiempo –y con la esperanza de que me sirva para aplicarme más a él- para denunciar un hecho que sucedió hace unos días y que me parece muy grave por lo que supone para la ciencia y su relación con las instituciones, y por contribuir a agravar aún más la enfermedad de un periodismo en horas muy bajas.

El pasado 5 de diciembre, el periódico digital eldiario.es publicaba la siguiente noticia (aquí) con el titular “La eurodiputada Teresa Giménez (exUPyD) organiza un acto en la Eurocámara que cuestiona la dimensión de la violencia machista”. El contenido de la noticia se limita a dar cuenta de una serie de tuits que Teresa Giménez Barbat publicaba en su cuenta de Twitter citando frases de los distintos ponentes que intervinieron en la jornada. De dichos tuits, Andrés Gil -que así se llama el periodista que firma la noticia- infiere que en ese acto se estaba cuestionando la importancia de la violencia machista contra las mujeres y, para apoyar su visión, nos explica que Giménez Barbat ya ha denunciado en otras ocasiones “la supuesta marginación de los hombres en la violencia en la pareja”.

Dado que el periodista no hace mención en ningún momento a cómo transcurrió el acto ni a citar directamente las palabras de los ponentes, cabe deducir que no asistió y, si lo hizo, lo omite en su reportaje. Por tanto, la conclusión a que en el acto se cuestionaba “la dimensión de la violencia machista” se extrae por Andrés Gil única y exclusivamente de la lectura que hace de una serie de tuits. Resulta llamativo que, a pesar de haberle llamado la atención el contenido de éstos, tanto Teresa Giménez como Marta Iglesias –una de las ponentes- han mencionado en sus cuentas de Twitter que ni él ni ningún otro periodista ha contactado con ellas para contrastar la información o pedir algún tipo de aclaración. En definitiva, el cronista ni asistió al acto ni contrastó la información que leyó en tuits.

: Fotografía del acto organizado por Giménez Barbat y subida por ella misma a su cuenta de Twitter

Las consecuencias de la noticia publicada y su difusión en redes no se hicieron esperar. De ella se hizo eco el Santo Oficio tuitero a través de los correspondientes trolls, que se dedicaron a difundirla aún más, a insultar a Teresa Giménez Barbat y a cuestionar el trabajo de Marta Iglesias sin aportar datos en contra de sus estudios. Incluso, una cuenta en Twitter de la Secretaría de Igualdad del PSOE de Madrid retuiteó la noticia criticando el acto y la “posición” de la eurodiputada respecto a la violencia machista (desconozco si se hizo lo mismo desde las cuentas de otros partidos políticos).

No conozco a Teresa Giménez Barbat, pero me parece absolutamente loable y necesaria su labor por acercar la voz de los expertos al Parlamento Europeo para hablar de distintas cuestiones sobre las que los parlamentarios deben luego debatir y legislar. Que la ciencia irrumpa en las instituciones es imprescindible para evitar que las normas que nos rigen se redacten basándose en meros prejuicios o para satisfacer las reivindicaciones “de la calle”, bienintencionadas en muchos casos pero no necesariamente acertadas en sus peticiones.

No conozco tampoco a Marta Iglesias pero soy seguidor suyo en Twitter (@migulios) y leo las publicaciones que sube a esa red. Lo hago por mera curiosidad, pues su campo de estudio está muy alejado de mi formación y de mi dedicación profesional. Alguien a quien sigo retuiteó hará algo más de seis meses alguna publicación suya. La leí y me pareció suficientemente interesante -y distinta a lo leído habitualmente en esa materia- como para empezar a seguirla y, debo añadir, se ha convertido en una de las cuentas más sugestivas de las que leo en esa red. Marta Iglesias me parece una investigadora rigurosa y resulta que uno de sus objetivos es ayudar a mejorar las políticas relacionadas con la violencia sobre la mujer indagando en sus causas y huyendo de simplificaciones, como las que explican todo como una consecuencia de la cultura del heteropatriarcado.

Aunque no quisiera o no pudiera contactar con ella, el corresponsal de eldiario.es tenía la oportunidad de acceder a los tuits de Marta Iglesias, leer sus publicaciones y contrastar la información con las fuentes que cita en ellas.

Si Andrés Gil hubiera hecho bien su trabajo podría haberse dado cuenta de que hablar en un acto acerca de la violencia sobre los hombres no excluye ni cuestiona que exista violencia sobre las mujeres; de que exponer que existe violencia de mujeres contra mujeres no resta importancia a la violencia de hombres contra mujeres; y que exponer que el origen de la violencia no es exclusivamente la cultura del heteropatriarcado no perjudica a las mujeres, sino que las ayuda, puesto que abre la puerta a que se debatan otro tipo de medidas para combatir esa violencia.

De hecho, si una vez contrastada y analizada la información, el periodista hubiera querido criticarla podría haber aportado datos y argumentos procedentes de otras publicaciones científicas que apoyaran su opinión sobre las conclusiones del acto, o haber entrevistado a especialistas que dieran otro punto de vista. Con ello habría realizado una gran labor periodística y enriquecido el debate sobre la materia en cuestión.

Sin embargo, para Andrés Gil –y para el periódico que le publica la noticia sin cuestionar su contenido ni exigirle que contraste la información- era mucho más fácil escribir la crónica de que una eurodiputada (liberal, exUPyD y cercana a Ciudadanos) había organizado un acto en que se ponía en cuestión la importancia de la violencia machista.

Sucesos como éstos pueden tener una consecuencia muy grave: que los científicos y expertos en general acaben por no aceptar invitaciones de partidos políticos para debatir sobre las materias que estudian. ¿Para qué verse enfangados en la lucha política cuando ellos “solo” quieren ayudar a mejorar el conocimiento sobre los problemas y proponer soluciones? ¿Les vale la pena ser perseguidos en las redes sociales porque haya periodistas o políticos que no tienen el mayor interés en profundizar en ese conocimiento y solo quieren sacar rédito aprovechando que se pone en cuestión la “voz de la calle”?

Hace unas semanas, el propio periódico eldiario.es publicaba la noticia (aquí) de que habrá una Oficina Científica en el Congreso de los Diputados para ayudar a los políticos “a tomar decisiones basadas en evidencias”. ¿Va a servir de algo? ¿Algún científico va a querer trabajar en ella cuando vea que son juzgados como Galileo por los prejuicios de ciertos políticos y periodistas que no conciben una realidad distinta a la que tienen en sus obtusas e inquisitoriales mentes?

Como es sabido, Galileo fue juzgado en 1633 por la inquisición romana por promulgar, basándose en datos empíricos, el heliocentrismo copernicano que desafiaba la doctrina de la Iglesia según la cual la Tierra era el centro del universo y todo giraba a su alrededor. En aquel tiempo, el método científico no gozaba aún del prestigio al que lo elevaría la Ilustración y la Iglesia entendía como un desafío que alguien utilizara la ciencia para propagar ideas contrarias a las que ella, única mensajera de la Verdad, promulgaba. La sentencia contra Galileo decretó que había incurrido en errores y herejías “al haber creído y mantenido la doctrina (que es falsa y contraria a las Sagradas y Divinas Escrituras) de que el Sol es el centro del mundo, y de que no se mueve de este a oeste, y de que la Tierra se mueve y no es el centro del mundo”, tras lo cual se le instaba a abjurar de tales ideas y se prohibía su libro «Diálogo sobre los sistemas máximos». Estoy bastante convencido de que en eldiario.es son bastante críticos con este proceso a Galileo, y con toda la razón, pero deberían recapacitar sobre si ellos actúan de forma similar al tribunal inquisidor en otros casos. Además, en favor de los cardenales que condenaron a Galileo hay que decir que, al contrario que Andrés Gil en relación al acto organizado por Teresa Giménez, ellos conocían perfectamente las tesis sostenidas por el científico y habían leído sus obras.

Galileo ante el Santo Oficio. Cuadro de Robert-Fleury

Por desgracia, este no es ni mucho menos el único caso de periodismo que tergiversa u omite parte de los hechos para adecuar la noticia a su ideario, ni el único caso donde el periodista se queda con una versión sin contrastarla debidamente. Hoy en día, son muchos los diarios que quieren erigirse como los nuevos mensajeros de la Verdad obviando los datos que la contradicen.

Se dice que el periodismo cumple una función social que es la de proporcionar al ciudadano las herramientas necesarias para interpretar el mundo que le rodea, pero ello exige que se haga con la debida profesionalidad y honestidad, dejando a un lado los prejuicios y evitando los sesgos ideológicos. Un buen periodismo mejora el debate público y refuerza la democracia. Un mal periodismo la debilita.

Por cierto, la página con la noticia sobre el acto organizado por Giménez Barbat acaba con un banner publicitario para hacerse socio de eldiario.es en el que puede leerse el siguiente eslogan: “Necesitamos un mejor periodismo contra la violencia machista”. Parece una broma.

Política Sin categoría

ANTE LA ECONOMÍA COLABORATIVA, FALTA AUDACIA

Carlos Martinez Jaen en 30 octubre, 2016

En anteriores entradas ya he expuesto la idea de que me parece imparable el desarrollo de la economía colaborativa y otros modelos similares donde los particulares se convierten en productores de bienes y en prestadores de servicios con sus propios medios, sin incurrir en grandes gastos y con la ayuda imprescindible de la tecnología. Estos nuevos modelos van a cambiar radicalmente algunos sectores económicos pero la celeridad con que se produzcan esos cambios va a depender de la voluntad política que exista.

A principios de octubre tuvo lugar en Madrid un desayuno organizado por Sharing España sobre el alojamiento colaborativo y el ciudadano productor. Fue un encuentro de gran interés por las distintas ponencias y la mesa redonda que congregó a representantes de Airbnb, Homeaway, Rentalia, Yottotel, OuiShare y la OCU. Al finalizar el acto, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, expuso las principales conclusiones de lo hablado, incluyendo una que me parece fundamental: “falta conocimiento, información y, sobre todo, audacia por parte de quienes toman decisiones”, tanto en el plano político como empresarial.

Efectivamente, falta audacia para permitir que los nuevos modelos de negocio que surgen gracias a la tecnología se puedan usar con normalidad en nuestra sociedad. Una sociedad que es cada vez más abierta, donde surgen nuevas necesidades que buscan verse satisfechas con nuevas soluciones, propuestas que desestabilizan los modelos tradicionales pero que son mejores para un buen número de ciudadanos.

<< Hoy no se prioriza la propiedad sino el acceso a bienes y servicios, se ha pasado del consumo a la autoproducción y del salario a los ingresos y ha surgido la figura del ciudadano productor>>

Como se explicó en el desayuno, gracias a este nuevo modelo los consumidores encuentran precios más asequibles, mayor flexibilidad en el régimen de check-in y check-out, más ofertas para quienes tienen necesidades especiales (animales, por ejemplo), además de vivir la experiencia de conocer y convivir con personas de las ciudades que visitan.

Según los resultados del III Barómetro del Alquiler Vacacional en España que se presentaron en el encuentro (ver aquí), en los dos últimos años, un total de 8 millones de viajeros residentes en España entre 18 y 65 años se han alojado en una vivienda turística, lo cual supone 3 millones más de lo que se recogía en el estudio de 2014, que el 77% de los encuestados afirmó que pensaba repetir alojándose de nuevo en una vivienda turística en 2016 o que solo el gasto en alquiler de viviendas vacacionales ha ascendido a unos 3.600 millones de euros, mientras que se cifra en 9.500 millones el impacto económico en el entorno de las viviendas (comercios locales, restaurantes, bares y otros establecimientos de los mismos barrios).

Igualmente, se expusieron algunas de las notas que caracterizan a este sistema: que hoy no se prioriza la propiedad sino el acceso a bienes y servicios; que se pasa del consumo a la autoproducción y del salario a los ingresos. Esto es, que surge la figura del ciudadano productor o, como se le definía en el desayuno, el “prosumidor”, feo vocablo que espero que sea sustituido por otro más acertado, pero que resume bien la idea de un ciudadano que no solo actúa como consumidor sino también como productor de bienes o como proveedor de servicios.

Por último, se pusieron de manifiesto los problemas que existen en el entorno regulatorio, en donde no encaja adecuadamente esta figura del ciudadano productor, las dificultades que algunas Administraciones públicas ponen para que estos nuevos modelos se puedan desarrollar y la necesidad de seguir impulsando y dando a conocer lo que supone la economía colaborativa.

Es cierto que falta audacia y, en particular, audacia política. Es la voluntad política la que debe impulsar el cambio y favorecer el desarrollo y la normalización de estos nuevos negocios. Luego ya vendrá la audacia regulatoria, de mano de expertos, para dar solución a los problemas que puedan plantear estos nuevos modelos y, en particular, cómo se conjugan con negocios tradicionales que han tenido que hacer frente a determinados costes y barreras burocráticas para ponerse en marcha y que ahora ven cómo los nuevos modelos pretenden ofrecer servicios parecidos sin incurrir en tales costes.

En España ya tenemos conocimiento de las trabas que se están poniendo a modelos que funcionan en otros países: Uber no ha podido entrar todavía a operar con normalidad y se le están poniendo dificultades para que pueda hacerlo, dos usuarios de Blablacar han sido sancionados por la Comunidad de Madrid por no tener autorización para ofrecer «un servicio de transporte público» y en Barcelona se ha comenzado a perseguir las viviendas de alquiler vacacional y se ha amenazado a Airbnb con sanciones si publicita estos pisos.

No solo en España se encuentran con problemas: Nueva York ha anunciado una legislación que endurecerá las condiciones para alquilar viviendas a través de plataformas como Airbnb y en Reino Unido un Tribunal acaba de considerar que los conductores de Uber deben tener la consideración de empleados de la compañía, lo que pone en jaque el modelo de funcionamiento previsto por esa empresa.

También las compañías tradicionales que operan en esos sectores y que ahora se ven amenazadas por estos nuevos negocios les plantan cara. Así, las cadenas hoteleras, por ejemplo, se han puesto en pie de guerra contra las viviendas de uso turístico y las plataformas que las promueven. Consideran que la presencia de esta oferta encarece los precios de los pisos en los barrios más céntricos y expulsa a sus residentes, que provocan incomodidades como ruido, suciedad o inseguridad, que favorece la economía sumergida porque, aseguran, los propietarios no declaran los ingresos obtenidos y que, además, no garantizan la seguridad, higiene y salubridad ni están sometidos a la normativa sobre protección de derechos del consumidor. Todo ello desemboca, a su entender, en competencia desleal con los alojamientos reglados.

<< La liberalización de servicios y la eliminación de trabas burocráticas no puede paralizarse con la excusa de que esas trabas han afectado a otros antes. “Si a mí me perjudicó, entonces que perjudique a todos” no es una postura lógica>>

Ante ello, las propuestas del sector pasan por exigir a las viviendas de alquiler las mismas normas que se fijan para los establecimientos hoteleros: garantías de seguridad, seguro de responsabilidad civil, alumbrado de emergencia, extintores, medidas de desinfección, etc. Igualmente, que se disponga de una guía para facilitar el uso de las instalaciones básicas, hojas de reclamaciones y que se exija una licencia de actividad económica. Y, por supuesto, que se aplique el IVA y que los ingresos sean declarados en el IRPF.

Es decir, lo que quiere el sector hotelero es que este nuevo tipo de negocio, consistente en que un ciudadano pueda alquilar su propia vivienda, tenga que asumir las mismas sobrerregulaciones que hoy aplican al negocio de hotel de toda la vida y que serían imposibles de llevar a la práctica por un particular dada su inviabilidad económica.

Sin embargo, la liberalización de servicios y la eliminación de trabas burocráticas no puede paralizarse con la excusa de que esas trabas han afectado a otros antes. Quien cumplió pena de cárcel por un delito que luego dejó de considerarse como tal no puede reclamar que se mantenga la pena para otros. “Si a mí me perjudicó, entonces que perjudique a todos” no es una postura lógica.

Así pues, hace falta audacia política para tomar la decisión de que el alquiler de vivienda sea una actividad económica permitida y que sea, a partir de ahí, cuando trabajen los expertos –empleados públicos y juristas y, por qué no, los propios interesados, tanto hoteleros como plataformas de alquiler de viviendas – para ver qué normas deben aplicarse a estos negocios y cuáles no (o cuáles deben aprobarse en ausencia de norma).

Efectivamente, puede ser necesario que estos expertos valoren si las viviendas deben aplicar obligatoriamente medidas de seguridad o si conviene dejar su aplicación a la libre decisión de los propietarios y a los consumidores la responsabilidad de elegir pernoctar en viviendas que tengan o no tales medidas. Igualmente, habrá que analizar si las disposiciones de la legislación sobre protección de los consumidores en materia de suministro de información, indemnización ante daños y perjuicios o evitación de riesgos pueden ser suficientes. O si, en caso de ofrecer servicios extra como desayuno, media pensión o pensión completa, sería preciso cumplir con la normativa sobre manipulación de alimentos.

<< No sería de extrañar que el sector hotelero acabase entrando en este nuevo modelo y comiencen también a gestionar plataformas de viviendas en alquiler o a ofrecer servicios extra para que los ciudadanos productores los incluyan dentro de su oferta>>

Como digo, todas cuestiones se pueden resolver con la participación de especialistas en la materia, pero lo principal es que exista la suficiente audacia política para poner en marcha los mecanismos que permitan desarrollar la economía colaborativa y que el ciudadano productor no sea perseguido por dar respuesta a través de una novedosa actividad económica a las nuevas demandas de miles de consumidores.

¿Cómo respondería el sector hotelero ante un desarrollo normalizado del alquiler de viviendas particulares? ¿Qué pensáis? Por inverosímil que pueda parecer ahora mismo, no me extrañaría que acabase entrando en este nuevo modelo de negocio y comenzase también a gestionar plataformas de viviendas en alquiler o a ofrecer servicios extra para que los ciudadanos productores los incluyesen dentro de su propia oferta. Una vez que se den cuenta de que no puedan luchar contra el cambio, algunas cadenas hoteleras tratarán de adaptarse a él y es posible que salgan ganando.

Estoy seguro de que dentro de pocos años, quizá tres o quizá cinco, un desayuno similar organizado por Sharing España tendrá no menos de trescientos asistentes y una gran repercusión mediática. Los tiempos están cambiando y la economía colaborativa va a ser una realidad consolidada antes o después.

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Hacia la independencia (individual)

Carlos Martinez Jaen en 5 octubre, 2016

Estamos viviendo un momento en que las nuevas tecnologías y los modelos disruptivos derivados de ellas necesitan de políticas que huyan del proteccionismo que caracteriza nuestra época. Estos cambios, que nos permitirán alcanzar mayores cotas de libertad individual, son imparables pero pueden desarrollarse con lentitud si así lo deciden unos políticos que apenas miran al largo plazo y que son cada vez más intervencionistas.

El Real Instituto Elcano publicaba recientemente un artículo de Joaquín Roy (aquí) en el que alertaba del resurgir que está experimentando en todo el planeta la idea de nación y, lo que es peor, del nacionalismo en su vertiente más excluyente y xenófoba. No solo ocurre en Europa, donde el triunfo del Brexit, el auge de la extrema derecha en Austria, Francia y Alemania o el cierre de fronteras en Hungría son buenos ejemplos de ello, sino que también nos lo encontramos en una Rusia de ecos zaristas que acaba de dar un nuevo apoyo mayoritario a Putin o en un Trump desatado que defiende proteger el “American way of life” mediante la construcción de un muro con México o restringiendo la importación de productos que compitan con los norteamericanos.

<<Los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio nos están conduciendo, efectivamente, a un mayor grado de independencia, pero que es de carácter individual y no estatista, no nacional>>

Es cierto que todos los políticos, sean nacionalistas o no, nos tratan a los ciudadanos como si fuéramos sujetos homogéneos, con los mismos gustos y necesidades, proponiendo soluciones intervencionistas “por nuestro bien”, en las que nos dicen qué educación dar a nuestros hijos, qué medios emplear para desplazarnos por las ciudades o qué horarios deben tener nuestros negocios. Algunos políticos nacionalistas van más allá, incluso, y nos quieren imponer el origen de los productos a consumir, la nacionalidad de las personas que podemos contratar o el idioma en que nuestros hijos deben estudiar.

Sin embargo, todos ellos están dando la espalda a la realidad que se viene imponiendo: los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio nos están conduciendo, efectivamente, a un mayor grado de independencia, pero que es de carácter individual y no estatista, no nacional. Estas novedosas maneras de comerciar nos permiten a los ciudadanos elegir los servicios y bienes de la forma y al precio que más nos convengan rompiendo con esquemas preestablecidos y, en muchas ocasiones, sobreprotegidos por los poderes públicos.

La educación, por ejemplo, cambiará radicalmente: se impondrá la enseñanza personalizada con el apoyo de internet, con mayor flexibilidad para reforzar las inquietudes y motivaciones de cada alumno y para que pueda mejorar en sus carencias; ganará peso la educación no reglada frente a la reglada; habrá un auge de la educación basada en competencias más que en conocimientos, etc. Los centros escolares y las familias dispondrán de miles de recursos –muchos de ellos gratuitos o a un coste bajísimo- para dar a cada alumno la educación que se considere mejor. Y cuál sea en cada caso la opción más adecuada es algo que decidirán los alumnos y sus padres, con el asesoramiento de los profesores y otros profesionales. Adiós a las planificaciones educativas partidistas.

Por otra parte, los nuevos negocios disruptivos basados en la economía colaborativa son imparables. Ya sucedió con la literatura y la música y, por más que se les quiera poner trabas, hoy están totalmente normalizados los modelos que permiten escuchar música de forma gratuita en la red, comprar canciones sueltas, compartir libros gratis o descargarlos a precios irrisorios.

De la misma forma, empresas como Uber, Blablacar o Airbnb son buenos ejemplos de tendencias que van ganando peso entre la sociedad. Es cierto que la llegada de estos negocios desestabilizan los antiguos modelos enraizados y pueden tener un elevado coste en empleo y pérdidas económicas significativas, pero el papel de los políticos no puede ser impedir el desarrollo e implantación de nuevos negocios. Menos aún, cuando tienen el respaldo de una ciudadanía que encuentra en ellos servicios más baratos y mejor adaptados a sus necesidades o gustos.

<<El mundo en que vivimos será menos dependiente de las decisiones políticas y cada vez dependeremos más de nuestras propias elecciones en ámbitos donde hoy tenemos escaso margen de decisión>>

Poco a poco surgirán cambios similares en otros sectores que pondrán patas arriba la hostelería tradicional, la generación y comercialización de energía, la agricultura, el textil, la sanidad, etc. En unos años será posible compartir energía con los vecinos, comprar ropa hecha a medida al momento y a bajo precio, tener mini huertos en los apartamentos de donde obtener nuestras verduras o construir viviendas baratas gracias a la impresión 3D.

El mundo en que vivimos será menos dependiente de las decisiones políticas y cada vez dependeremos más de nuestras propias elecciones en ámbitos donde hoy tenemos escaso margen de decisión. Además, como ya expuse hace unos meses (aquí) creo que en unas décadas los Estados perderán importancia en favor de las grandes ciudades pues éstas, por cercanía al ciudadano, son las más adecuadas para facilitar la implantación de nuevos modelos de negocio que nos ofrezcan mejores y más baratos bienes y servicios.

Por mucho que se empeñen los políticos, las decisiones intervencionistas que nos dicen cómo debemos educar a nuestros hijos, de dónde deben proceder los productos que compramos o qué transporte debemos emplear para desplazarnos y a qué precio, irán desapareciendo. Las nuevas tecnologías y los negocios disruptivos nacidos de ellas permitirán un mayor intercambio de bienes y servicios a precios antes inimaginables y con mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los consumidores. Como ha sucedido siempre, este intercambio voluntario proporcionará enormes beneficios al permitir el continuo desarrollo y mejora de productos.

Es el momento de que los políticos comprendan que estamos a las puertas de una nueva época donde los modelos de negocio van a cambiar radicalmente, donde se va a intensificar ese libre intercambio en beneficio de todos y que estos cambios van a ir mucho más rápido que cualquier decisión política que quiera impedirlos. La combinación de los avances tecnológicos con estas novedosas formas de intercambio y comercio nos permitirá convertirnos en individuos más libres.

Política Sin categoría Tecnología

PACTO POR EL TALENTO

Carlos Martinez Jaen en 18 julio, 2016

La ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo extraordinario y España no puede seguir dormida en los laureles en estas materias. Es imprescindible apostar con determinación por la atracción y retención del talento pero, para ello, hace falta crear una base reguladora sólida que lo favorezca.

En España comienza en estos días una nueva legislatura con la constitución de nuevas Cortes Generales y, esperemos, con la investidura de un Presidente de Gobierno que nos evite unas terceras elecciones. Si nuestros representantes políticos están dispuestos a ello, dejan atrás el tacticismo y piensan realmente en los ciudadanos, puede ser una legislatura interesantísima gracias a la necesidad de cerrar acuerdos en asuntos de gran trascendencia.

Dejando a un lado temas que tienen más urgencia que importancia, incluyendo aquellos donde los propios políticos –nacionales y autonómicos- nos han metido en líos innecesarios, hay otros asuntos que sí son realmente importantes y en los que será preciso que los partidos lleguen a acuerdos con visión de futuro y altura de miras. Estos asuntos son educación, I+D+i, sanidad, pensiones, reforma tributaria, libre emprendimiento y reforma laboral.

<<En este marco, considero imprescindible que los grupos parlamentarios se fijen como objetivo prioritario la apuesta por el talento profesional, idea que debe estar presente en cualquier reforma que se desee pactar>>

Dada la complejidad de los temas, la necesidad de aprobar leyes con un alto consenso y que tengan permanencia en el tiempo, es necesario que los grupos parlamentarios escuchen a expertos independientes, nacionales e internacionales, que se haga una evaluación detallada de la situación actual en cada una de estas áreas y se cuente con conclusiones que permitan orientar a los parlamentarios sobre cuáles deben ser las bases para el acuerdo.

Igualmente, deben contar con un consejo asesor en materia de ciencia y tecnología para que puedan conocer los cambios más importantes que van a producirse en próximas décadas, pues deben tenerlos en consideración a la hora de poder aprobar una normativa realmente útil para el medio y largo plazo.

En este marco, considero imprescindible que los grupos parlamentarios se fijen como objetivo prioritario la apuesta por el talento profesional, idea que debe estar presente en cualquier reforma que se desee pactar.

Así, no se debe hacer una nueva regulación laboral o tributaria sin tener este objetivo en mente. Resulta necesario que las empresas puedan contar con un marco laboral lo suficientemente flexible como para ofrecer unas condiciones atractivas a los empleados que quieran captar o retener. De la misma forma, hace falta un régimen tributario que no incentive la huida del talento y que sea, además, sencillo y estable, no sometido a cambios permanentes en función de los presupuestos anuales o de los cambios de Gobierno.

<<En el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) creen que una de las razones fundamentales para que sea un centro de referencia a nivel mundial desde hace décadas se debe a su apuesta por el talento personal>>

En educación, por su parte, existe consenso en que es necesario lograr un acuerdo para el largo plazo con dos fines fundamentales: mejorar la calidad de la enseñanza y reducir el abandono escolar temprano. Para ello, además de otras medidas importantes como la introducción de la tecnología desde los primeros cursos infantiles o la educación bilingüe -sobre todo, en materias de ciencias-, es absolutamente imprescindible mejorar la calidad del profesorado.

En el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) creen que una de las razones fundamentales para que sea un centro de referencia a nivel mundial desde hace décadas se debe a su apuesta por el talento personal, atrayendo profesores motivados y bien preparados, que tienen inquietud por mejorar su campo de especialización –en ciencia, tecnología o humanidades-, que se les da facilidades para crear grupos de trabajo con investigadores y alumnos de similares inquietudes y que quieren que esas mejoras tengan aplicación en el “mundo real”.

Por tanto, en el campo educativo hay que poner las bases para favorecer que los centros, desde la educación infantil hasta la universitaria o la formación profesional, puedan atraer a los mejores docentes e investigadores. Es necesario, por ejemplo, que a los centros públicos se les garantice autonomía real, con auténtica libertad tanto en la dirección del centro como en la contratación del profesorado, suprimiendo barreras de entrada para los docentes –como el conocimiento de las lenguas autonómicas-.

Algo similar ocurre en el campo de la I+D+i, donde España sigue teniendo problemas para retener el talento nacional y atraer el internacional. Es fundamental eliminar barreras de entrada, contar con un sistema de contratación flexible y atractivo, además de favorecer una mayor conexión entre las empresas y los centros de investigación, logrando no solo un incremento de la financiación privada sino que, efectivamente, la empresa vea la aplicación real de esas innovaciones e investigaciones en su propia casa.

Los grupos parlamentarios deben ser conscientes de los tremendos cambios que se avecinan en menos de una década –como la sustitución de miles de trabajadores de sectores importantes, como transporte, comercio y hostelería, por robots y máquinas dotadas de inteligencia artificial- y de la necesidad de no quedarnos atrás en innovación e investigación. Es preciso favorecer que España cuente con otras fuentes productivas relacionadas con la ciencia, las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento pero, para ello, debemos contar con los mejores profesionales.

Ojalá esta legislatura sea la de los pactos de Estado y que, sobre todos ellos, cobre protagonismo un Pacto por el Talento. Si eso fuera posible, tendríamos ante nosotros una de las mejores legislaturas en décadas.

Política Sin categoría

BREXIT, MACROESTADOS Y CIUDADES GLOBALES

Carlos Martinez Jaen en 19 junio, 2016

El próximo 23 de junio se va a celebrar el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Se trata, sin duda, de uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la UE desde hace décadas. Nadie duda de que su salida tendrá un enorme impacto, pero sea cual sea el resultado deberá servir para reflexionar sobre el futuro del proyecto europeo y sobre nuestra relación con las entidades políticas.

Un resultado favorable al “Brexit” en el referéndum sería muy perjudicial en el corto plazo para Reino Unido y para Europa. Los británicos tendrían que negociar con la UE unas nuevas condiciones para poder seguir actuando en el mercado único o verse bastante limitados en sus transacciones comerciales, hacer frente de nuevo al reto secesionista de Escocia y a un órdago de Gibraltar. Por su parte, para Europa supondría dificultar su recuperación tras la crisis, perdería a su segunda economía más importante, perdería influencia política en el mundo, perdería equilibrios de poder dentro de sus instituciones, donde Alemania ganaría aún más peso y, sobre todo, aumentaría el riesgo de contagio euroescéptico en otros países. No obstante, el “Brexit” también puede ser una oportunidad a medio y largo plazo, por cuanto puede provocar una unión más estrecha entre los Estados que la forman y que se lleguen a acometer las reformas que no se han llevado a cabo para fortalecer el euro y la propia Unión (unión fiscal, completar la unión bancaria y luchar de manera eficaz contra el fraude y los paraísos fiscales).

Sin embargo, pase lo que pase en el referéndum del 23 de junio creo que va a haber un antes y un después en la UE. La imagen de la Unión está muy deteriorada a nivel general –incluso en países donde siempre ha habido un alto apoyo al proyecto europeo, como España, ha aumentado el euroescepticismo en el último año-, los ciudadanos sienten que las instituciones comunitarias están muy alejadas de sus problemas cotidianos y en muchos casos desconocen a qué se dedican nuestros europarlamentarios. La crisis económica no ha ayudado en absoluto a tener la impresión de una Unión fuerte y preocupada por sus ciudadanos y, por si fuera poco, la crisis de los refugiados ha indignado, de un lado, a una buena parte de la población que se avergüenza de las respuestas dadas desde Bruselas y, de otro, ha provocado un aumento en el apoyo a partidos de ideología extremista con claros rasgos xenófobos.

La impresión en muchos ciudadanos es que la UE no es hoy sino una estructura burocratizada alejada de los problemas domésticos, centrada exclusivamente en la unión económica y que se ha olvidado de los valores superiores que fueron clave en su fundación: la paz, la democracia, la libertad y la solidaridad.

La UE no puede verse únicamente como un proyecto político o económico. Europa tiene una cultura común que, partiendo de las tradiciones griega, romana y judeo-cristiana pasadas por la criba de la ilustración y las corrientes liberales, le ha permitido consolidar una civilización rica en valores que no pueden dejarse de lado en la construcción de un proyecto común. Es cierto que muchos de estos valores tradicionales hoy están en entredicho –es un rasgo propio de los países de tradición ilustrada el hacer crítica de los propios valores, algo que no sucede en otras culturas-, pero ese cuestionamiento se hace sin que se nos ofrezcan valores alternativos más altos, al contrario de lo que sí ocurrió con el pensamiento ilustrado, que aportó la razón como valor superior para construir un mundo mejor y sustituir la superstición y la tiranía por la ciencia y la libertad.

Como bien señala Javier Gomá en su “Ejemplaridad pública”, “los valores últimos y más sublimes han desaparecido de la vida pública por efecto de la crítica nihilista y de la secularización y todavía nuestra época no ha sabido crearse costumbres donde los nuevos valores se propongan de forma convincente a la ciudadanía”. Este proceso de crítica y relativización de los valores sin tener sustitutos para ellos nos lleva a perder las referencias en un proyecto de civilización que dé cabida a ciudadanos de credos, culturas y nacionalidades diversas. Si el proyecto europeo quiere continuar adelante y recuperar el apoyo de la ciudadanía necesita un liderazgo que vaya más allá del liderazgo político. Necesita liderazgo moral. Y ahora mismo los ciudadanos europeos nos sentimos huérfanos de él.

Aprovechando esta circunstancia, es momento de replantearse si son los “MacroEstados” como la Unión Europea las organizaciones políticas ideales para satisfacer nuestras demandas como ciudadanos. Esto es, si más allá de los beneficios de lograr la eliminación de las fronteras o una política común en defensa, son adecuadas para garantizar que llevemos a cabo nuestro proyecto de vida.

Las relaciones dentro de los “MacroEstados” como la Unión Europea se basan en difíciles equilibrios de poder entre Estados grandes y pequeños, más y menos poblados, con mayor y menor nivel de desarrollo. En algunos casos el proceso de adopción de acuerdos es realmente complejo y puede dar lugar a que los países de mayor tamaño o población impongan su criterio a los demás o, al contrario, que los más pequeños veten determinadas decisiones que les afectan negativamente a nivel local pero perjudiquen con ese veto a la mayor parte de ciudadanos europeos. Lo mismo sucede en el caso de acuerdos y tratados internacionales que implican a diversos Estados, como sucede en el seno de la ONU.

¿Es esta la mejor forma de seguir funcionando en el futuro? ¿No estamos diciendo que los grandes Estados están cada vez más alejados de los ciudadanos? ¿Hay alternativa?

En la actualidad, casi el 50% de la población mundial vive en grandes ciudades y se estima que antes de 2050 este porcentaje será del 75% para una población mucho más elevada que la actual (en el caso de Europa, este porcentaje ya llega hoy al 80%). El crecimiento de nuevas urbes en África y Asia es ya una realidad y en pocas décadas alcanzarán una gran importancia, especialmente si algunos de los países consiguen avanzar en derechos y libertades y favorecen el crecimiento económico y el desarrollo de los ciudadanos.

Las ciudades serán cada vez más tecnológicas, el concepto de ciudad inteligente (“smart city”) estará totalmente normalizado y unas y otras estarán permanentemente interconectadas entre sí para favorecer no solo las relaciones privadas –en lo personal y en el mundo de los negocios- sino también la cooperación en políticas públicas.

La socióloga Saskia Sassen, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2013, introdujo a principios de los años 90 el concepto de “ciudad global” para referirse a aquellas ciudades que tienen un efecto directo en los asuntos mundiales, a través de los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. Son ciudades cuya influencia es global y los casos más paradigmáticos eran entonces París, Nueva York, Tokio y Londres. Hoy existen muchas más de las que Sassen identificó cuando realizó su estudio, como Beijing, Berlín, Chicago, Los Angeles, Miami, Madrid, Melbourne, Shanghai, Singapur o Sydney, entre otras.

Sassen expone en su estudio que, “lo que ha quedado claro en las últimas décadas con el crecimiento de las ciudades globales es que nuestro futuro geopolítico no va a estar determinado por el dúo EEUU-China, sino por veinte o más redes urbanas estratégicas alrededor del mundo.” Sin embargo, frente a la visión pesimista que tiene sobre el futuro de las ciudades como grandes centros de desigualdad producto, a su juicio, de los males del neoliberalismo, yo pienso que podemos asistir a una mejora generalizada de las condiciones de vida que van a redundar en una salida cada vez más rápida de la pobreza de quienes viven ahora en las zonas menos desarrolladas del planeta y un aumento considerable de la clase media en aquellas zonas donde existe mayor desigualdad.

Para ello, a la par que se produzca el desarrollo tecnológico de las ciudades, harán falta políticas que favorezcan un planeamiento urbano que evite los “guetos” que existen en algunas grandes urbes o el desplazamiento de las clases más desfavorecidas hacia barrios paupérrimos con construcciones de baja calidad, donde faltan buenos servicios básicos, que carecen de zonas verdes y que en muchos casos tienen elevados índices de contaminación. Las ciudades del futuro deben garantizar el confort de todos sus habitantes, su dignidad y su libertad.

Adicionalmente, será necesario transferir a las ciudades competencias fundamentales en materias esenciales -educación, sanidad, empleo, emprendimiento- pues su mayor cercanía a los ciudadanos justifica que ellas aborden las políticas más adecuadas en esas materias y las gestionen.

En este sentido, las ciudades deberán poner en marcha relaciones multilaterales con otras ciudades para desarrollar proyectos conjuntos de cooperación en determinadas políticas. Dice Moisés Naïm en “El fin del poder” (Debate-Penguin Random House, 2013) que las alianzas entre unos pocos países con similares intereses son mucho más efectivas que los tratados universales que tratan de poner de acuerdo a todos los Estados (como sucede, por ejemplo, con el Protocolo de Kyoto). A esta idea la denomina “minilateralismo” y considera que “puede serle útil a los países pequeños, cuando consiste en alianzas de unos pocos que tienen más probabilidades de lograr sus fines y menos de que les cierren el paso las potencias dominantes celosas de resguardar su influencia”.

Al contrario que los Estados, las ciudades interconectadas van a poder avanzar a mayor velocidad y ejecutar con mayor celeridad el contenido de las alianzas a que lleguen con otras ciudades para desarrollar políticas conjuntas que mejoren las condiciones de vida de sus ciudadanos. A su vez, esas alianzas serán más factibles entre ciudades que compartirán similares problemas y características que entre Estados tan diversos como los actuales. ¿Sería posible que las ciudades pactaran entre sí las condiciones para hacer transacciones comerciales o financieras entre compañías radicadas en ellas? ¿No podrían las 20 ciudades más grandes acordar medidas de reducción de la contaminación, fijar las bases para permitir los modelos de economía colaborativa en transporte o turismo, establecer una regulación común para el suministro de gas y electricidad e, incluso, pactar la legalización de determinadas drogas? ¿Es tan difícil de imaginar? Hoy hablamos de la posibilidad de ceder más soberanía a la Unión Europea para conseguir avanzar en el proyecto europeo, esto es, ceder soberanía hacia una entidad supranacional que está más alejada de los ciudadanos, ¿por qué no cederla a entidades que están más cerca de nosotros?

No será inmediato y deberán mantenerse ciertas competencias en un nivel de Administración supralocal, como el Estado, pero creo que en el futuro se llevará a cabo una transferencia de poder hacia las ciudades de manera progresiva. En el plazo más inmediato el “Brexit” se nos plantea como un terremoto para el seno de la UE, pero es momento de empezar a pensar en qué relación queremos mantener a futuro con nuestras Administraciones y se me antoja que estrechar esa relación con las ciudades será a la larga más beneficioso para nosotros.