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ANTE LA ECONOMÍA COLABORATIVA, FALTA AUDACIA

En anteriores entradas ya he expuesto la idea de que me parece imparable el desarrollo de la economía colaborativa y otros modelos similares donde los particulares se convierten en productores de bienes y en prestadores de servicios con sus propios medios, sin incurrir en grandes gastos y con la ayuda imprescindible de la tecnología. Estos nuevos modelos van a cambiar radicalmente algunos sectores económicos pero la celeridad con que se produzcan esos cambios va a depender de la voluntad política que exista.

A principios de octubre tuvo lugar en Madrid un desayuno organizado por Sharing España sobre el alojamiento colaborativo y el ciudadano productor. Fue un encuentro de gran interés por las distintas ponencias y la mesa redonda que congregó a representantes de Airbnb, Homeaway, Rentalia, Yottotel, OuiShare y la OCU. Al finalizar el acto, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, expuso las principales conclusiones de lo hablado, incluyendo una que me parece fundamental: “falta conocimiento, información y, sobre todo, audacia por parte de quienes toman decisiones”, tanto en el plano político como empresarial.

Efectivamente, falta audacia para permitir que los nuevos modelos de negocio que surgen gracias a la tecnología se puedan usar con normalidad en nuestra sociedad. Una sociedad que es cada vez más abierta, donde surgen nuevas necesidades que buscan verse satisfechas con nuevas soluciones, propuestas que desestabilizan los modelos tradicionales pero que son mejores para un buen número de ciudadanos.

<< Hoy no se prioriza la propiedad sino el acceso a bienes y servicios, se ha pasado del consumo a la autoproducción y del salario a los ingresos y ha surgido la figura del ciudadano productor>>

Como se explicó en el desayuno, gracias a este nuevo modelo los consumidores encuentran precios más asequibles, mayor flexibilidad en el régimen de check-in y check-out, más ofertas para quienes tienen necesidades especiales (animales, por ejemplo), además de vivir la experiencia de conocer y convivir con personas de las ciudades que visitan.

Según los resultados del III Barómetro del Alquiler Vacacional en España que se presentaron en el encuentro (ver aquí), en los dos últimos años, un total de 8 millones de viajeros residentes en España entre 18 y 65 años se han alojado en una vivienda turística, lo cual supone 3 millones más de lo que se recogía en el estudio de 2014, que el 77% de los encuestados afirmó que pensaba repetir alojándose de nuevo en una vivienda turística en 2016 o que solo el gasto en alquiler de viviendas vacacionales ha ascendido a unos 3.600 millones de euros, mientras que se cifra en 9.500 millones el impacto económico en el entorno de las viviendas (comercios locales, restaurantes, bares y otros establecimientos de los mismos barrios).

Igualmente, se expusieron algunas de las notas que caracterizan a este sistema: que hoy no se prioriza la propiedad sino el acceso a bienes y servicios; que se pasa del consumo a la autoproducción y del salario a los ingresos. Esto es, que surge la figura del ciudadano productor o, como se le definía en el desayuno, el “prosumidor”, feo vocablo que espero que sea sustituido por otro más acertado, pero que resume bien la idea de un ciudadano que no solo actúa como consumidor sino también como productor de bienes o como proveedor de servicios.

Por último, se pusieron de manifiesto los problemas que existen en el entorno regulatorio, en donde no encaja adecuadamente esta figura del ciudadano productor, las dificultades que algunas Administraciones públicas ponen para que estos nuevos modelos se puedan desarrollar y la necesidad de seguir impulsando y dando a conocer lo que supone la economía colaborativa.

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Es cierto que falta audacia y, en particular, audacia política. Es la voluntad política la que debe impulsar el cambio y favorecer el desarrollo y la normalización de estos nuevos negocios. Luego ya vendrá la audacia regulatoria, de mano de expertos, para dar solución a los problemas que puedan plantear estos nuevos modelos y, en particular, cómo se conjugan con negocios tradicionales que han tenido que hacer frente a determinados costes y barreras burocráticas para ponerse en marcha y que ahora ven cómo los nuevos modelos pretenden ofrecer servicios parecidos sin incurrir en tales costes.

En España ya tenemos conocimiento de las trabas que se están poniendo a modelos que funcionan en otros países: Uber no ha podido entrar todavía a operar con normalidad y se le están poniendo dificultades para que pueda hacerlo, dos usuarios de Blablacar han sido sancionados por la Comunidad de Madrid por no tener autorización para ofrecer “un servicio de transporte público” y en Barcelona se ha comenzado a perseguir las viviendas de alquiler vacacional y se ha amenazado a Airbnb con sanciones si publicita estos pisos.

No solo en España se encuentran con problemas: Nueva York ha anunciado una legislación que endurecerá las condiciones para alquilar viviendas a través de plataformas como Airbnb y en Reino Unido un Tribunal acaba de considerar que los conductores de Uber deben tener la consideración de empleados de la compañía, lo que pone en jaque el modelo de funcionamiento previsto por esa empresa.

También las compañías tradicionales que operan en esos sectores y que ahora se ven amenazadas por estos nuevos negocios les plantan cara. Así, las cadenas hoteleras, por ejemplo, se han puesto en pie de guerra contra las viviendas de uso turístico y las plataformas que las promueven. Consideran que la presencia de esta oferta encarece los precios de los pisos en los barrios más céntricos y expulsa a sus residentes, que provocan incomodidades como ruido, suciedad o inseguridad, que favorece la economía sumergida porque, aseguran, los propietarios no declaran los ingresos obtenidos y que, además, no garantizan la seguridad, higiene y salubridad ni están sometidos a la normativa sobre protección de derechos del consumidor. Todo ello desemboca, a su entender, en competencia desleal con los alojamientos reglados.

<< La liberalización de servicios y la eliminación de trabas burocráticas no puede paralizarse con la excusa de que esas trabas han afectado a otros antes. “Si a mí me perjudicó, entonces que perjudique a todos” no es una postura lógica>>

Ante ello, las propuestas del sector pasan por exigir a las viviendas de alquiler las mismas normas que se fijan para los establecimientos hoteleros: garantías de seguridad, seguro de responsabilidad civil, alumbrado de emergencia, extintores, medidas de desinfección, etc. Igualmente, que se disponga de una guía para facilitar el uso de las instalaciones básicas, hojas de reclamaciones y que se exija una licencia de actividad económica. Y, por supuesto, que se aplique el IVA y que los ingresos sean declarados en el IRPF.

Es decir, lo que quiere el sector hotelero es que este nuevo tipo de negocio, consistente en que un ciudadano pueda alquilar su propia vivienda, tenga que asumir las mismas sobrerregulaciones que hoy aplican al negocio de hotel de toda la vida y que serían imposibles de llevar a la práctica por un particular dada su inviabilidad económica.

Sin embargo, la liberalización de servicios y la eliminación de trabas burocráticas no puede paralizarse con la excusa de que esas trabas han afectado a otros antes. Quien cumplió pena de cárcel por un delito que luego dejó de considerarse como tal no puede reclamar que se mantenga la pena para otros. “Si a mí me perjudicó, entonces que perjudique a todos” no es una postura lógica.

Así pues, hace falta audacia política para tomar la decisión de que el alquiler de vivienda sea una actividad económica permitida y que sea, a partir de ahí, cuando trabajen los expertos –empleados públicos y juristas y, por qué no, los propios interesados, tanto hoteleros como plataformas de alquiler de viviendas – para ver qué normas deben aplicarse a estos negocios y cuáles no (o cuáles deben aprobarse en ausencia de norma).

Efectivamente, puede ser necesario que estos expertos valoren si las viviendas deben aplicar obligatoriamente medidas de seguridad o si conviene dejar su aplicación a la libre decisión de los propietarios y a los consumidores la responsabilidad de elegir pernoctar en viviendas que tengan o no tales medidas. Igualmente, habrá que analizar si las disposiciones de la legislación sobre protección de los consumidores en materia de suministro de información, indemnización ante daños y perjuicios o evitación de riesgos pueden ser suficientes. O si, en caso de ofrecer servicios extra como desayuno, media pensión o pensión completa, sería preciso cumplir con la normativa sobre manipulación de alimentos.

<< No sería de extrañar que el sector hotelero acabase entrando en este nuevo modelo y comiencen también a gestionar plataformas de viviendas en alquiler o a ofrecer servicios extra para que los ciudadanos productores los incluyan dentro de su oferta>>

Como digo, todas cuestiones se pueden resolver con la participación de especialistas en la materia, pero lo principal es que exista la suficiente audacia política para poner en marcha los mecanismos que permitan desarrollar la economía colaborativa y que el ciudadano productor no sea perseguido por dar respuesta a través de una novedosa actividad económica a las nuevas demandas de miles de consumidores.

¿Cómo respondería el sector hotelero ante un desarrollo normalizado del alquiler de viviendas particulares? ¿Qué pensáis? Por inverosímil que pueda parecer ahora mismo, no me extrañaría que acabase entrando en este nuevo modelo de negocio y comenzase también a gestionar plataformas de viviendas en alquiler o a ofrecer servicios extra para que los ciudadanos productores los incluyesen dentro de su propia oferta. Una vez que se den cuenta de que no puedan luchar contra el cambio, algunas cadenas hoteleras tratarán de adaptarse a él y es posible que salgan ganando.

Estoy seguro de que dentro de pocos años, quizá tres o quizá cinco, un desayuno similar organizado por Sharing España tendrá no menos de trescientos asistentes y una gran repercusión mediática. Los tiempos están cambiando y la economía colaborativa va a ser una realidad consolidada antes o después.

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Hacia la independencia (individual)

Estamos viviendo un momento en que las nuevas tecnologías y los modelos disruptivos derivados de ellas necesitan de políticas que huyan del proteccionismo que caracteriza nuestra época. Estos cambios, que nos permitirán alcanzar mayores cotas de libertad individual, son imparables pero pueden desarrollarse con lentitud si así lo deciden unos políticos que apenas miran al largo plazo y que son cada vez más intervencionistas.

El Real Instituto Elcano publicaba recientemente un artículo de Joaquín Roy (aquí) en el que alertaba del resurgir que está experimentando en todo el planeta la idea de nación y, lo que es peor, del nacionalismo en su vertiente más excluyente y xenófoba. No solo ocurre en Europa, donde el triunfo del Brexit, el auge de la extrema derecha en Austria, Francia y Alemania o el cierre de fronteras en Hungría son buenos ejemplos de ello, sino que también nos lo encontramos en una Rusia de ecos zaristas que acaba de dar un nuevo apoyo mayoritario a Putin o en un Trump desatado que defiende proteger el “American way of life” mediante la construcción de un muro con México o restringiendo la importación de productos que compitan con los norteamericanos.

<<Los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio nos están conduciendo, efectivamente, a un mayor grado de independencia, pero que es de carácter individual y no estatista, no nacional>>

Es cierto que todos los políticos, sean nacionalistas o no, nos tratan a los ciudadanos como si fuéramos sujetos homogéneos, con los mismos gustos y necesidades, proponiendo soluciones intervencionistas “por nuestro bien”, en las que nos dicen qué educación dar a nuestros hijos, qué medios emplear para desplazarnos por las ciudades o qué horarios deben tener nuestros negocios. Algunos políticos nacionalistas van más allá, incluso, y nos quieren imponer el origen de los productos a consumir, la nacionalidad de las personas que podemos contratar o el idioma en que nuestros hijos deben estudiar.

Sin embargo, todos ellos están dando la espalda a la realidad que se viene imponiendo: los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio nos están conduciendo, efectivamente, a un mayor grado de independencia, pero que es de carácter individual y no estatista, no nacional. Estas novedosas maneras de comerciar nos permiten a los ciudadanos elegir los servicios y bienes de la forma y al precio que más nos convengan rompiendo con esquemas preestablecidos y, en muchas ocasiones, sobreprotegidos por los poderes públicos.

La educación, por ejemplo, cambiará radicalmente: se impondrá la enseñanza personalizada con el apoyo de internet, con mayor flexibilidad para reforzar las inquietudes y motivaciones de cada alumno y para que pueda mejorar en sus carencias; ganará peso la educación no reglada frente a la reglada; habrá un auge de la educación basada en competencias más que en conocimientos, etc. Los centros escolares y las familias dispondrán de miles de recursos –muchos de ellos gratuitos o a un coste bajísimo- para dar a cada alumno la educación que se considere mejor. Y cuál sea en cada caso la opción más adecuada es algo que decidirán los alumnos y sus padres, con el asesoramiento de los profesores y otros profesionales. Adiós a las planificaciones educativas partidistas.

Por otra parte, los nuevos negocios disruptivos basados en la economía colaborativa son imparables. Ya sucedió con la literatura y la música y, por más que se les quiera poner trabas, hoy están totalmente normalizados los modelos que permiten escuchar música de forma gratuita en la red, comprar canciones sueltas, compartir libros gratis o descargarlos a precios irrisorios.

De la misma forma, empresas como Uber, Blablacar o Airbnb son buenos ejemplos de tendencias que van ganando peso entre la sociedad. Es cierto que la llegada de estos negocios desestabilizan los antiguos modelos enraizados y pueden tener un elevado coste en empleo y pérdidas económicas significativas, pero el papel de los políticos no puede ser impedir el desarrollo e implantación de nuevos negocios. Menos aún, cuando tienen el respaldo de una ciudadanía que encuentra en ellos servicios más baratos y mejor adaptados a sus necesidades o gustos.

<<El mundo en que vivimos será menos dependiente de las decisiones políticas y cada vez dependeremos más de nuestras propias elecciones en ámbitos donde hoy tenemos escaso margen de decisión>>

Poco a poco surgirán cambios similares en otros sectores que pondrán patas arriba la hostelería tradicional, la generación y comercialización de energía, la agricultura, el textil, la sanidad, etc. En unos años será posible compartir energía con los vecinos, comprar ropa hecha a medida al momento y a bajo precio, tener mini huertos en los apartamentos de donde obtener nuestras verduras o construir viviendas baratas gracias a la impresión 3D.

El mundo en que vivimos será menos dependiente de las decisiones políticas y cada vez dependeremos más de nuestras propias elecciones en ámbitos donde hoy tenemos escaso margen de decisión. Además, como ya expuse hace unos meses (aquí) creo que en unas décadas los Estados perderán importancia en favor de las grandes ciudades pues éstas, por cercanía al ciudadano, son las más adecuadas para facilitar la implantación de nuevos modelos de negocio que nos ofrezcan mejores y más baratos bienes y servicios.

Por mucho que se empeñen los políticos, las decisiones intervencionistas que nos dicen cómo debemos educar a nuestros hijos, de dónde deben proceder los productos que compramos o qué transporte debemos emplear para desplazarnos y a qué precio, irán desapareciendo. Las nuevas tecnologías y los negocios disruptivos nacidos de ellas permitirán un mayor intercambio de bienes y servicios a precios antes inimaginables y con mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los consumidores. Como ha sucedido siempre, este intercambio voluntario proporcionará enormes beneficios al permitir el continuo desarrollo y mejora de productos.

Es el momento de que los políticos comprendan que estamos a las puertas de una nueva época donde los modelos de negocio van a cambiar radicalmente, donde se va a intensificar ese libre intercambio en beneficio de todos y que estos cambios van a ir mucho más rápido que cualquier decisión política que quiera impedirlos. La combinación de los avances tecnológicos con estas novedosas formas de intercambio y comercio nos permitirá convertirnos en individuos más libres.

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PACTO POR EL TALENTO

La ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo extraordinario y España no puede seguir dormida en los laureles en estas materias. Es imprescindible apostar con determinación por la atracción y retención del talento pero, para ello, hace falta crear una base reguladora sólida que lo favorezca.

En España comienza en estos días una nueva legislatura con la constitución de nuevas Cortes Generales y, esperemos, con la investidura de un Presidente de Gobierno que nos evite unas terceras elecciones. Si nuestros representantes políticos están dispuestos a ello, dejan atrás el tacticismo y piensan realmente en los ciudadanos, puede ser una legislatura interesantísima gracias a la necesidad de cerrar acuerdos en asuntos de gran trascendencia.

Dejando a un lado temas que tienen más urgencia que importancia, incluyendo aquellos donde los propios políticos –nacionales y autonómicos- nos han metido en líos innecesarios, hay otros asuntos que sí son realmente importantes y en los que será preciso que los partidos lleguen a acuerdos con visión de futuro y altura de miras. Estos asuntos son educación, I+D+i, sanidad, pensiones, reforma tributaria, libre emprendimiento y reforma laboral.

<<En este marco, considero imprescindible que los grupos parlamentarios se fijen como objetivo prioritario la apuesta por el talento profesional, idea que debe estar presente en cualquier reforma que se desee pactar>>

Dada la complejidad de los temas, la necesidad de aprobar leyes con un alto consenso y que tengan permanencia en el tiempo, es necesario que los grupos parlamentarios escuchen a expertos independientes, nacionales e internacionales, que se haga una evaluación detallada de la situación actual en cada una de estas áreas y se cuente con conclusiones que permitan orientar a los parlamentarios sobre cuáles deben ser las bases para el acuerdo.

Igualmente, deben contar con un consejo asesor en materia de ciencia y tecnología para que puedan conocer los cambios más importantes que van a producirse en próximas décadas, pues deben tenerlos en consideración a la hora de poder aprobar una normativa realmente útil para el medio y largo plazo.

En este marco, considero imprescindible que los grupos parlamentarios se fijen como objetivo prioritario la apuesta por el talento profesional, idea que debe estar presente en cualquier reforma que se desee pactar.

Así, no se debe hacer una nueva regulación laboral o tributaria sin tener este objetivo en mente. Resulta necesario que las empresas puedan contar con un marco laboral lo suficientemente flexible como para ofrecer unas condiciones atractivas a los empleados que quieran captar o retener. De la misma forma, hace falta un régimen tributario que no incentive la huida del talento y que sea, además, sencillo y estable, no sometido a cambios permanentes en función de los presupuestos anuales o de los cambios de Gobierno.

<<En el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) creen que una de las razones fundamentales para que sea un centro de referencia a nivel mundial desde hace décadas se debe a su apuesta por el talento personal>>

En educación, por su parte, existe consenso en que es necesario lograr un acuerdo para el largo plazo con dos fines fundamentales: mejorar la calidad de la enseñanza y reducir el abandono escolar temprano. Para ello, además de otras medidas importantes como la introducción de la tecnología desde los primeros cursos infantiles o la educación bilingüe -sobre todo, en materias de ciencias-, es absolutamente imprescindible mejorar la calidad del profesorado.

talento2En el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) creen que una de las razones fundamentales para que sea un centro de referencia a nivel mundial desde hace décadas se debe a su apuesta por el talento personal, atrayendo profesores motivados y bien preparados, que tienen inquietud por mejorar su campo de especialización –en ciencia, tecnología o humanidades-, que se les da facilidades para crear grupos de trabajo con investigadores y alumnos de similares inquietudes y que quieren que esas mejoras tengan aplicación en el “mundo real”.

Por tanto, en el campo educativo hay que poner las bases para favorecer que los centros, desde la educación infantil hasta la universitaria o la formación profesional, puedan atraer a los mejores docentes e investigadores. Es necesario, por ejemplo, que a los centros públicos se les garantice autonomía real, con auténtica libertad tanto en la dirección del centro como en la contratación del profesorado, suprimiendo barreras de entrada para los docentes –como el conocimiento de las lenguas autonómicas-.

Algo similar ocurre en el campo de la I+D+i, donde España sigue teniendo problemas para retener el talento nacional y atraer el internacional. Es fundamental eliminar barreras de entrada, contar con un sistema de contratación flexible y atractivo, además de favorecer una mayor conexión entre las empresas y los centros de investigación, logrando no solo un incremento de la financiación privada sino que, efectivamente, la empresa vea la aplicación real de esas innovaciones e investigaciones en su propia casa.

Los grupos parlamentarios deben ser conscientes de los tremendos cambios que se avecinan en menos de una década –como la sustitución de miles de trabajadores de sectores importantes, como transporte, comercio y hostelería, por robots y máquinas dotadas de inteligencia artificial- y de la necesidad de no quedarnos atrás en innovación e investigación. Es preciso favorecer que España cuente con otras fuentes productivas relacionadas con la ciencia, las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento pero, para ello, debemos contar con los mejores profesionales.

Ojalá esta legislatura sea la de los pactos de Estado y que, sobre todos ellos, cobre protagonismo un Pacto por el Talento. Si eso fuera posible, tendríamos ante nosotros una de las mejores legislaturas en décadas.

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BREXIT, MACROESTADOS Y CIUDADES GLOBALES

El próximo 23 de junio se va a celebrar el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Se trata, sin duda, de uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la UE desde hace décadas. Nadie duda de que su salida tendrá un enorme impacto, pero sea cual sea el resultado deberá servir para reflexionar sobre el futuro del proyecto europeo y sobre nuestra relación con las entidades políticas.

Un resultado favorable al “Brexit” en el referéndum sería muy perjudicial en el corto plazo para Reino Unido y para Europa. Los británicos tendrían que negociar con la UE unas nuevas condiciones para poder seguir actuando en el mercado único o verse bastante limitados en sus transacciones comerciales, hacer frente de nuevo al reto secesionista de Escocia y a un órdago de Gibraltar. Por su parte, para Europa supondría dificultar su recuperación tras la crisis, perdería a su segunda economía más importante, perdería influencia política en el mundo, perdería equilibrios de poder dentro de sus instituciones, donde Alemania ganaría aún más peso y, sobre todo, aumentaría el riesgo de contagio euroescéptico en otros países. No obstante, el “Brexit” también puede ser una oportunidad a medio y largo plazo, por cuanto puede provocar una unión más estrecha entre los Estados que la forman y que se lleguen a acometer las reformas que no se han llevado a cabo para fortalecer el euro y la propia Unión (unión fiscal, completar la unión bancaria y luchar de manera eficaz contra el fraude y los paraísos fiscales).

Sin embargo, pase lo que pase en el referéndum del 23 de junio creo que va a haber un antes y un después en la UE. La imagen de la Unión está muy deteriorada a nivel general –incluso en países donde siempre ha habido un alto apoyo al proyecto europeo, como España, ha aumentado el euroescepticismo en el último año-, los ciudadanos sienten que las instituciones comunitarias están muy alejadas de sus problemas cotidianos y en muchos casos desconocen a qué se dedican nuestros europarlamentarios. La crisis económica no ha ayudado en absoluto a tener la impresión de una Unión fuerte y preocupada por sus ciudadanos y, por si fuera poco, la crisis de los refugiados ha indignado, de un lado, a una buena parte de la población que se avergüenza de las respuestas dadas desde Bruselas y, de otro, ha provocado un aumento en el apoyo a partidos de ideología extremista con claros rasgos xenófobos.

La impresión en muchos ciudadanos es que la UE no es hoy sino una estructura burocratizada alejada de los problemas domésticos, centrada exclusivamente en la unión económica y que se ha olvidado de los valores superiores que fueron clave en su fundación: la paz, la democracia, la libertad y la solidaridad.

La UE no puede verse únicamente como un proyecto político o económico. Europa tiene una cultura común que, partiendo de las tradiciones griega, romana y judeo-cristiana pasadas por la criba de la ilustración y las corrientes liberales, le ha permitido consolidar una civilización rica en valores que no pueden dejarse de lado en la construcción de un proyecto común. Es cierto que muchos de estos valores tradicionales hoy están en entredicho –es un rasgo propio de los países de tradición ilustrada el hacer crítica de los propios valores, algo que no sucede en otras culturas-, pero ese cuestionamiento se hace sin que se nos ofrezcan valores alternativos más altos, al contrario de lo que sí ocurrió con el pensamiento ilustrado, que aportó la razón como valor superior para construir un mundo mejor y sustituir la superstición y la tiranía por la ciencia y la libertad.

Como bien señala Javier Gomá en su “Ejemplaridad pública”, “los valores últimos y más sublimes han desaparecido de la vida pública por efecto de la crítica nihilista y de la secularización y todavía nuestra época no ha sabido crearse costumbres donde los nuevos valores se propongan de forma convincente a la ciudadanía”. Este proceso de crítica y relativización de los valores sin tener sustitutos para ellos nos lleva a perder las referencias en un proyecto de civilización que dé cabida a ciudadanos de credos, culturas y nacionalidades diversas. Si el proyecto europeo quiere continuar adelante y recuperar el apoyo de la ciudadanía necesita un liderazgo que vaya más allá del liderazgo político. Necesita liderazgo moral. Y ahora mismo los ciudadanos europeos nos sentimos huérfanos de él.

Aprovechando esta circunstancia, es momento de replantearse si son los “MacroEstados” como la Unión Europea las organizaciones políticas ideales para satisfacer nuestras demandas como ciudadanos. Esto es, si más allá de los beneficios de lograr la eliminación de las fronteras o una política común en defensa, son adecuadas para garantizar que llevemos a cabo nuestro proyecto de vida.

Las relaciones dentro de los “MacroEstados” como la Unión Europea se basan en difíciles equilibrios de poder entre Estados grandes y pequeños, más y menos poblados, con mayor y menor nivel de desarrollo. En algunos casos el proceso de adopción de acuerdos es realmente complejo y puede dar lugar a que los países de mayor tamaño o población impongan su criterio a los demás o, al contrario, que los más pequeños veten determinadas decisiones que les afectan negativamente a nivel local pero perjudiquen con ese veto a la mayor parte de ciudadanos europeos. Lo mismo sucede en el caso de acuerdos y tratados internacionales que implican a diversos Estados, como sucede en el seno de la ONU.

¿Es esta la mejor forma de seguir funcionando en el futuro? ¿No estamos diciendo que los grandes Estados están cada vez más alejados de los ciudadanos? ¿Hay alternativa?

En la actualidad, casi el 50% de la población mundial vive en grandes ciudades y se estima que antes de 2050 este porcentaje será del 75% para una población mucho más elevada que la actual (en el caso de Europa, este porcentaje ya llega hoy al 80%). El crecimiento de nuevas urbes en África y Asia es ya una realidad y en pocas décadas alcanzarán una gran importancia, especialmente si algunos de los países consiguen avanzar en derechos y libertades y favorecen el crecimiento económico y el desarrollo de los ciudadanos.

Las ciudades serán cada vez más tecnológicas, el concepto de ciudad inteligente (“smart city”) estará totalmente normalizado y unas y otras estarán permanentemente interconectadas entre sí para favorecer no solo las relaciones privadas –en lo personal y en el mundo de los negocios- sino también la cooperación en políticas públicas.

La socióloga Saskia Sassen, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2013, introdujo a principios de los años 90 el concepto de “ciudad global” para referirse a aquellas ciudades que tienen un efecto directo en los asuntos mundiales, a través de los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. Son ciudades cuya influencia es global y los casos más paradigmáticos eran entonces París, Nueva York, Tokio y Londres. Hoy existen muchas más de las que Sassen identificó cuando realizó su estudio, como Beijing, Berlín, Chicago, Los Angeles, Miami, Madrid, Melbourne, Shanghai, Singapur o Sydney, entre otras.

Sassen expone en su estudio que, “lo que ha quedado claro en las últimas décadas con el crecimiento de las ciudades globales es que nuestro futuro geopolítico no va a estar determinado por el dúo EEUU-China, sino por veinte o más redes urbanas estratégicas alrededor del mundo.” Sin embargo, frente a la visión pesimista que tiene sobre el futuro de las ciudades como grandes centros de desigualdad producto, a su juicio, de los males del neoliberalismo, yo pienso que podemos asistir a una mejora generalizada de las condiciones de vida que van a redundar en una salida cada vez más rápida de la pobreza de quienes viven ahora en las zonas menos desarrolladas del planeta y un aumento considerable de la clase media en aquellas zonas donde existe mayor desigualdad.

Para ello, a la par que se produzca el desarrollo tecnológico de las ciudades, harán falta políticas que favorezcan un planeamiento urbano que evite los “guetos” que existen en algunas grandes urbes o el desplazamiento de las clases más desfavorecidas hacia barrios paupérrimos con construcciones de baja calidad, donde faltan buenos servicios básicos, que carecen de zonas verdes y que en muchos casos tienen elevados índices de contaminación. Las ciudades del futuro deben garantizar el confort de todos sus habitantes, su dignidad y su libertad.

Adicionalmente, será necesario transferir a las ciudades competencias fundamentales en materias esenciales -educación, sanidad, empleo, emprendimiento- pues su mayor cercanía a los ciudadanos justifica que ellas aborden las políticas más adecuadas en esas materias y las gestionen.

En este sentido, las ciudades deberán poner en marcha relaciones multilaterales con otras ciudades para desarrollar proyectos conjuntos de cooperación en determinadas políticas. Dice Moisés Naïm en “El fin del poder” (Debate-Penguin Random House, 2013) que las alianzas entre unos pocos países con similares intereses son mucho más efectivas que los tratados universales que tratan de poner de acuerdo a todos los Estados (como sucede, por ejemplo, con el Protocolo de Kyoto). A esta idea la denomina “minilateralismo” y considera que “puede serle útil a los países pequeños, cuando consiste en alianzas de unos pocos que tienen más probabilidades de lograr sus fines y menos de que les cierren el paso las potencias dominantes celosas de resguardar su influencia”.

Al contrario que los Estados, las ciudades interconectadas van a poder avanzar a mayor velocidad y ejecutar con mayor celeridad el contenido de las alianzas a que lleguen con otras ciudades para desarrollar políticas conjuntas que mejoren las condiciones de vida de sus ciudadanos. A su vez, esas alianzas serán más factibles entre ciudades que compartirán similares problemas y características que entre Estados tan diversos como los actuales. ¿Sería posible que las ciudades pactaran entre sí las condiciones para hacer transacciones comerciales o financieras entre compañías radicadas en ellas? ¿No podrían las 20 ciudades más grandes acordar medidas de reducción de la contaminación, fijar las bases para permitir los modelos de economía colaborativa en transporte o turismo, establecer una regulación común para el suministro de gas y electricidad e, incluso, pactar la legalización de determinadas drogas? ¿Es tan difícil de imaginar? Hoy hablamos de la posibilidad de ceder más soberanía a la Unión Europea para conseguir avanzar en el proyecto europeo, esto es, ceder soberanía hacia una entidad supranacional que está más alejada de los ciudadanos, ¿por qué no cederla a entidades que están más cerca de nosotros?

No será inmediato y deberán mantenerse ciertas competencias en un nivel de Administración supralocal, como el Estado, pero creo que en el futuro se llevará a cabo una transferencia de poder hacia las ciudades de manera progresiva. En el plazo más inmediato el “Brexit” se nos plantea como un terremoto para el seno de la UE, pero es momento de empezar a pensar en qué relación queremos mantener a futuro con nuestras Administraciones y se me antoja que estrechar esa relación con las ciudades será a la larga más beneficioso para nosotros.